La Administración de Justicia en España: los ingresos perdidos

Abstract

La ciudadanía percibe, como no podía ser menos, las consecuencias negativas de un mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Consecuencias que, como documentan distintos autores, afectan no solo al bienestar social y económico de los particulares, sino que proyectan una imagen perjudicial para el país, provocando una desconfianza que se traslada inmediatamente al terreno económico. Aunque un mayor gasto de un Estado no va unido ineludiblemente a un mejor funcionamiento de su administración, sí que parece “anormal” que una administración, cualquiera que sea, no procure evitar mayores costes derivados de una actuación ineficiente, o “controle” los ingresos que le puedan provenir de otras fuentes, y los reinvierta, ya sea en su propio beneficio, como ingreso agregado, o los utilice para minorar el gasto a la Administración General del país. Este trabajo aborda la cuestión en la Administración de Justicia, poniendo su punto de mira en los costes directos derivados de malas actuaciones y en la no ejecución de las sentencias que conllevan un ingreso para el Estado. Con los datos de que se disponen, ofrecemos una panorámica general para el periodo 2004- 2016, que particularizaremos y cuantificaremos para la sección 4a de la Audiencia Provincial (AP) y el juzgado de instrucción no 4, ambos de Sevilla, lo que nos dará una aproximación de la magnitud del problema que aquí se aborda. Ofrecemos, además, lo que, a nuestro juicio, son alternativas viables de solución.