Resumen | El presente trabajo muestra, muy brevemente, tan sólo parte de algunos aspectos de una investigación mucho más amplia sobre la conflictividad política y social generada en la provincia de Granada durante la Segunda ...
El presente trabajo muestra, muy brevemente, tan sólo parte de algunos aspectos de una investigación mucho más amplia sobre la conflictividad política y social generada en la provincia de Granada durante la Segunda República.
En las siguientes páginas hemos pretendido desarrollar los cambios que se produjeron en las Corporaciones locales de la provincia de Granada durante el período del «Bienio Negro». Las elecciones de noviembre de 1933, que dieron la victoria electoral a las fuerzas del centro y la derecha (Conjunción negativa o anti-marxista), abrieron una etapa de reconstrucción de una «República conservadora»: replanteamiento de la Reforma Agraria, endurecimiento de la concepción y la instrumentalización del orden público, nuevas formas de control social, etc. También, en el terreno de los poderes municipales y locales, se abordaron cambios tan significativos como poco conocidos. Las Corporaciones municipales y las instituciones locales (Juzgados municipales, Jurados locales del Trabajo Rural, Comisiones de Policía Rural, Guardería municipal,...), así como el ejercicio que de ellas se había hecho, hasta entonces, por los equipos políticos de las izquierdas: burguesa y obrera, debían ser examinados, auditados , inspeccionados y revisados por las nuevas autoridades anti-marxistas. La filosofía era clara: si se quería moderar la República, si se pretendía acabar con los «desmanes» y las luchas encarnizadas que se habían proyectado durante el bienio social-azañista en el campo, si se imaginaba una reconstrucción del viejo orden social y moral en el mundo rural para permitir un cierto respiro empresarial y patronal (en una situación de crisis del valor de la producción y de altos niveles reivindicativos del campesinado), etc.; era necesario, para todo ello, comenzar desde la misma base: debilitar el peso de las organizaciones sindicales campesinas; recortar o remansar las decisiones de las Comisiones que aplicaban el Laboreo Forzoso; emitir sentencias más firmes y duras en las faltas o delitos contra la propiedad y las personas; controlar y seleccionar mucho mejor al personal que habría de vigilar los predios, etc. Ciertamente, todo ello, era una auténtica reconstrucción o refundación de los poderes locales. Para poder hacerlo era imprescindible y necesario expulsar a los carteles políticos de las izquierdas para poder instalar, paulatinamente, a comisiones, juntas, equipos, jurados , etc. pertenecientes a los partidos gubernamentales. ¿Cómo hacerlo?, pues iniciando una campaña política de desprestigio hacia su gestión, investigando, auditando, acusando de los más diversos delitos (malversación de fondos, prevaricación, cohecho, etc.),... En muchos casos no fue necesario tanto revuelo, simplemente, la inspección de una corporación local se hacía con la visita inesperada de un delegado gubernativo enviado por el Gobierno Civil que determinaba la suspensión completa y el nombramiento inmediato de una Comisión Gestora por orden gubernativa. Este auténtico asalto al conjunto de poderes locales permitió volver a prácticas políticas pretéritas, a formas de trabajo y de
legislación social muy vulnerables para las vindicaciones jornaleras; en definitiva, otorgaron a las patronales agrarias los instrumentos imprescindibles para imponer formas de dominación y de relación antidemocráticas, anticonsensuales y desintegradoras de cualquier estado de «paz social».
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