La Comisión de Reformas Sociales.

Abstract

La creciente radicalización y complejización de las relaciones laborales en la España de la Restauración se convirtió en motor impulsor para la puesta en práctica de una política social, concebida como un conjunto de medidas encaminadas a mejorar o cambiar las condiciones de vida material y cultural de las clases trabajadoras. Esta política social, vía intermedia entre la alternativa revolucionaria formulada desde el movimiento obrero organizado y el individualismo liberal más estricto, era el resultado de la convicción de que el Estado debía intervenir en las relaciones laborales para proteger al trabajador, al que se consideraba como un ser desvalido y necesitado de tutela, pero también para proteger a la sociedad y al Estado de la amenaza que suponían las organizaciones obreras. En otras palabras, las clases dirigentes -llevadas de una identificación absoluta entre conflicto social y conflicto de orden público-, plantearon la intervención en el ámbito social como factor de estabilización y freno a la subversión del orden social y político que -a su juicio- se hallaba en grave peligro por los avances de las ideologías de clase y el obrerismo organizado, y con el objetivo de moralizar al trabajador. En este sentido, el miedo a la Internacional fue un factor de indudable peso para que incluso los sectores más recalcitrantes se mostraran proclives a las nuevas tendencias que en materia social ya se habían introducido tiempo atrás en los países europeos más industrializados. Conforme a estos planteamientos a finales de 1883 se instituyó la Comisión de Reformas Sociales, el primer paso hacia esa política social y que respondía a un ideario reformista y conciliador, funda­mentado en la creencia en un desarrollo armónico de las relaciones entre los distintos grupos sociales y en la integración de los obreros y de sus reivindicaciones en el tejido social, apartándolas así de los planteamientos y objetivos de los grupos ideológicos obreristas. La CRS surge como un organismo encargado de investigar las causas del malestar social y de proponer las medidas legales adecuadas para combatirlas. Se trataba, pues, de estudiar las formas de vida y trabajo del conjunto de la población e identificar las necesidades sociales de la clase trabajadora -independientemente de la existencia o no de una demanda real y objetiva- y procurar su satisfacción.