Liberalismo y división provincial

Abstract

La división provincial decretada por Javier de Burgos en 30 de noviembre de 1833 que, con ligeras modificaciones, continúa vigente en la actualidad, ha sido enjuiciada negativamente por la casi totalidad de quienes se han ocupado de ella, en particular por administrativistas y geógrafos. La acusación más repetida, convertida en un lugar común político, es la de que fue una división artificial, realizada poco menos que a partir de cero, sin tener en cuenta la geografía ni la historia. Las investigaciones históricas llegan a conclusiones diferentes. Han demostrado, en primer lugar, que la obra de Javier de Burgos no fue una decisión repentina ni de ejecución expeditiva, sino el resultado de un proceso que, sobre la base de la división provincial del Antiguo Régimen, arranca de las Cortes de Cádiz y, pasando por las del Trienio Constitucional, culmina en el citado decreto de 1833. En segundo lugar, que el proceso fue meditado, discutido, razonado y coherente con los objetivos político-administrativos propuestos: definir el marco territorial de las nuevas instituciones, la dimensión espacial del nuevo Estado. En este trabajo nos proponemos ampliar aquellas investigaciones con la aportación de fuentes inéditas, no utilizadas hasta ahora, y analizar la relación existente entre la implantación del régimen liberal y la utilización de la división provincial como uno de los instrumentos para conseguirla, mostrando la lógica interna del proceso, independiente­mente de cuál sea el juicio que merezcan los objetivos políticos a que sirvió.