Propuesta de lege ferenda desde el Derecho civil a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental

Abstract

Sin desdeñar el sentido y alcance de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, de 23 de octubre de 2007 (en adelante, LRM), basada en un modelo administrativista de responsabilidad objetiva y, supuestamente ilimitada, que tiene como principio «quien contamina paga», en nuestra opinión requiere una adecuación de sus planteamientos orientada hacia la responsabilidad civil en aquellos casos en los que se afecte el medio ambiente y se produzcan con ello daños a la salud de las personas. La relación entre el derecho medioambiental y la seguridad y salud es clara: se debería reducir la exposición a riesgos ambientales que pueden dañar la salud, como la contaminación del aire y del agua, a través de normas para garantizar un medioambiente seguro y que no nos enferme. Sin embargo, habría que cambiar el foco de la regulación, ya que más que gestionar los recursos naturales, previniendo la contaminación y preservando la biodiversidad con la imposición de prácticas sostenibles en diferentes industrias, dicha regulación debería enfocarse hacia una responsabilidad civil derivada del efectivo daño a la salud provocado en las personas por parte de quien contamina. Desde luego que es importante la gestión de residuos, la prevención de derrames tóxicos y el uso de energías limpias; pero más importante aún es garantizar la indemnización de las personas que sufren daños directos e indirectos por contaminación. Proponemos una relectura de la LRM, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, la cual tiene a las personas entre sus ejes principales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABSTRACT Without disregarding the meaning and scope of the Spanish Environmental Liability Law of 2007, based on an objective responsibility administrative model —and supposedly, unlimited liability— which has a «polluter pays» principle based, this regulation of 2007 October 23th, requires an adaptation of its approaches towards non-contractual civil liability in those cases in which the environment is affected and damage to people’s health occurs.The relationship between environmental law and health and safety is clear: the aim is to reduce exposure to environmental risks that can harm health, such as air and water pollution, through regulations to guarantee a safe environment that does not make population sick. However, the focus of regulation should change, since rather than managing natural resources, preventing pollution and preserving biodiversity with the imposition of sustainable practices in different industries, it should focus on civil liability derived from effective damage to health. caused in people by the polluter. Of course, waste management, the prevention of toxic spills and the use of clean energy are important; But even more important is to guarantee compensation for people who suffer direct and indirect damage due to pollution. We propose a reform of the 26/2007 Spanish Law, in accordance with the Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda, which has people among its main axes.