Apuntes sobre la regulación de los ODR en materia de consumo

Abstract

El presente artículo analiza críticamente el uso extendido de los denominados Online Dispute Resolution (ODR, por sus siglas en inglés) en el ámbito procesal, para la resolución de conflictos, especialmente en materia de consumo. Explora cómo estos métodos, si bien promocionados como eficientes y accesibles, pueden socavar principios fundamentales de que rigen el proceso, como la igualdad, la legalidad y el desinterés objetivo, así como otros principios típicos de los medios autocompositivos de resolución de conflictos, como la voluntariedad. Desde la perspectiva procesal y de los derechos humanos, se cuestiona el impacto de los ODR en la igualdad de acceso a la justicia y la protección de los derechos individuales. Además, se examinan los riesgos asociados con la privatización de la resolución de disputas y la falta de supervisión y regulación adecuadas en este ámbito. Este artículo busca generar reflexión sobre las implicaciones éticas y sociales de los ODR y promover un debate sobre el equilibrio entre la eficiencia y la equidad en la resolución de conflictos en la era digital.

This article critically analyzes the widespread use of so-called Online Dispute Resolution (ODR) in the procedural field for dispute resolution, especially in consumer matters. It explores how these methods, although promoted as efficient and accessible, may undermine fundamental principles governing the process, such as equality, legality and objective disinterestedness, as well as other principles typical of self-compositive means of dispute resolution, such as voluntariness. From a procedural and human rights perspective, the impact of ODR on equal access to justice and the protection of individual rights is questioned. In addition, it examines the risks associated with the privatization of dispute resolution and the lack of adequate oversight and regulation in this area. This article seeks to generate reflection on the ethical and social implications of ODR and to promote a debate on the balance between efficiency and fairness in dispute resolution in the digital age.