El plan nacional de empresas y derechos humanos y el marco regulatorio de las empresas del sector público

Abstract

El proyecto de implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos en España a través del Plan Nacional de Empresa y Derechos humanos actualmente en elaboración, se inserta en un contexto de crisis económica caracterizada en España por la imperiosa necesidad de fomentar el empleo y la internacionalización de nuestra economía. La Ley 2/2011 de Economía Sostenible hace una referencia expresa a la responsabilidad social de las empresas y a criterios de sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas, lo que comprende el respeto a los derechos humanos. No obstante, su alcance es limitado, tanto por lo que respecto al ámbito subjetivo como al objetivo o contenido de su regulación. En orden al deber del Estado de proteger así como de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, los Principios Ruggie contemplan expresamente el nexo especial existente entre el Estado en un sentido lato y determinadas empresas, es decir, entidades instrumentales del sector público. Los Principios Rectores de la ONU son una manifestación del Derecho global que sitúa en el centro del sistema la dignidad de la persona. La incorporación expresa de tales principios con mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de reparación constituyen un motor de progreso y un elemento a tener en cuenta en la racionalización de la Administración y sus estructuras, contribuyendo a satisfacer el derecho a una buena administración. Palabras clave: principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos; la crisis económica; la responsabilidad social de las empresas; sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas; el borrador de Plan Nacional Empresas y Derechos humanos (junio de 2014); aplicación a las empresas del sector público; derecho a una buena administración.

The project for implementation in Spain of the U.N.’s Guiding Principles on Business and Human Rights through the National Plan on Business and Human Rights, currently under development, must be viewed within a context of economic crisis characterized in Spain by the imperious need to encourage employment and foster the internationalization of our economy. The Sustainable Economy Act (2/2011) expressly refers to corporate social responsibility and sustainability criteria for the management of public corporations, which includes the respect for human rights. Nevertheless, the law’s scope is limited, as regards both the subjective domain and the objective or content of its regulation. With respect to the duty of the State to protect and the responsibility of corporations to respect human rights, the Ruggie Principles expressly provide for a special nexus between the State in the broad sense and specific companies, i.e., instrumental entities of the public sector. The U.N.’s Guiding Principles are a manifestation of international law, which places human dignity at the heart of the system. The express incorporation of said principles with jurisdictional and non-jurisdictional remedy mechanisms constitutes a driving force of progress and an element to be taken into account in the streamlining of government and government structures, and contributes to fulfilling the right to good governance.