Derecho a la vivienda y desahucios: la protección del deudor hipotecario en la jurisprudencia del TJUE

Abstract

En los últimos años ha sido objeto de un amplio debate la configuración del procedimiento de ejecución hipotecaria, en el que se ha puesto el acento en sus deficiencias en una situación de crisis tan profunda como la que estaban padeciendo las familias en España. Especialmente, recibió severas críticas porque tradicionalmente ha restringido las posibilidades que tiene el deudor de oponerse a la ejecución. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional, en repetidas ocasiones, había declarado la constitucionalidad del sistema procesal hipotecario, incluyendo la limitación de los motivos de oposición. En este contexto, el papel del TJUE ha sido determinante para que se procediera a la modificación del marco normativo interno al objeto de acomodarlo al derecho europeo (Directiva 93/137/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores). Con todo, la circunstancia de que la solución proviniera del derecho europeo en materia de protección de consumidores no debe eclipsar la circunstancia de que el principio de eficacia, que constituye el eje central de la argumentación del TJUE, no es sino expresión del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

In the last years, the issue of mortgage enforcement proceedings in Spain has been the subject of an extensive debate drawing attention to the deficiencies of such procedure in a situation of severe crisis like the one Spanish households were experiencing. Particularly, it was highly criticized because there has been traditionally quite restricted possibilities of opposition for the defendant. However, the system of mortgage enforcement, including the limitation of grounds of objection, had been repeatedly declared in conformity with the Constitution by the Constitutional Court. In this context, the role of the Court of Justice of the EU has been crucially important in fine-tuning the national legal provisions in light of the European legal instruments (Directive 93/13/ EEC on unfair terms in consumer contracts). Nonetheless, the fact that the solution found in EU law emanates from the sphere of consumer protection law should not overshadow the fact that the principle of effectiveness is the main element at the basis of the reasoning of the Court, which in an expression of the principle of effective judicial protection enshrined in Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.