Garantizando los derechos de las personas mayores en el mundo laboral: una respuesta a la brecha digital

Abstract

La denominada Cuarta Revolución Industrial ha traído consigo una disrupción tecnológica que ha afectado al Estado del Bienestar. Y, a pesar de sus beneficios, los rápidos avances que la caracterizan han dejado a algunos trabajadores incapaces de realizar tareas que requieren habilidades digitales. Por lo tanto, es crucial que las políticas públicas se enfoquen en la educación y formación de las personas trabajadoras para adaptarse a las demandas del nuevo mercado laboral. La brecha di-gital, especialmente en áreas STEM y competencias TIC, es evidente y afecta más a ciertos grupos, como el de las personas mayores y el de las mujeres. Esta brecha, resultado de la digitalización, necesita políticas específicas que aborden sus implicacio-nes sociales, especialmente en el ámbito laboral. A través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han impulsado políticas para un mercado laboral dinámico, resiliente e inclusivo, modernizando las estrategias públicas para poder adaptarnos a la nueva y compleja realidad laboral, social y tecnológica. Dichas propuestas se centran en varios ejes que incluyen nuevos objetivos en políticas activas de empleo por parte de los Estados miembros, destacando la atención a la brecha digital. Desde una perspectiva jurídica, se analizará el contenido de estos programas para contribuir al esclarecimiento y encaje normativo, armonizando con los valores y principios de los Estados miembros y el ordenamiento jurídico español.

The so-called fourth industrial revolution has brought with it a technological disruption that has affected the Welfare State. And, despite its benefits, the rapid advances that characterize it have left some workers unable to perform tasks that require digital skills. Therefore, it is crucial that public policies focus on the education and training of workers to adapt to the demands of the new labor market. The digital divide, especially in STEM areas and ICT skills, is evident and affects certain groups more, such as older people and women. This gap, a result of digitalization, requires specific policies that address its social implications, especially in the workplace. Through the Recovery, Transformation and Resilience Plan, policies have been promoted for a dynamic, resilient and inclusive labor market, modernizing public strategies to adapt to the new and complex labor, social and technological reality. These proposals focus on several axes that include new objectives in active employment policies by the Member States, highlighting attention to the digital divide. From a legal perspective, the content of these programs will be analyzed to contribute to clarification and regulatory fit, harmonizing with the values and principles of the Member States and the Spanish legal system.