La protección de los derechos de los consumidores a través del pleito testigo o la ilusión del legislador

Abstract

La protección de los derechos de los consumidores se desarrolla a través del ejercicio de acciones individuales y de acciones colectivas, estando fijada la legitimación para cada una de aquellas en los arts. 11 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con base en estos se ha creado un entramado jurídico destinado a permitir que las sentencias en las que se resuelvan acciones colectivas puedan, conforme a los arts. 221.1.1ª y al art. 519, ser aplicadas a los no intervinientes en el proceso, y, en su caso, incoar la ejecución cuando el obligado por la sentencia no hubiera hecho frente a la obligación reconocida en aquella.

Ante las limitaciones que presenta este sistema de extensión de efectos y ante el aumento de la litigiosidad derivado de las quiebras apreciadas en los ámbitos del tráfico jurídico en los que se opera a través de cláusulas predispuestas, el legislador se ha propuesto dar entrada al pleito testigo como instrumento con el que pretende reducir el número de controversias litigiosas. Se abre, así, el proceso civil a esta forma de litigar, y a la extensión del fallo de la sentencia que resuelve el pleito testigo, con la finalidad de disminuir el número de litigios en el ámbito de la contratación en masa y de complementar el vigente sistema de extensión de efectos de las sentencias dictadas al amparo de acciones individuales.

Analizaremos los aspectos más controvertidos de ambas figuras para comprobar si la opción del legislador permitirá alcanzar aquellas cotas de eficiencia que busca a través de la propuesta legislativa desarrollada en el Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia.

The protection of consumers' rights is developed through the exercise of individual and collective claims, the legal standing for each of these being established in articles 11 and 15 of the Spanish Civil Procedure Act. On the basis of these, a legal framework has been created to allow judgments in which collective claims are resolved to be applied to non-intervenors in the proceedings, in accordance with Articles 221.1.1ª and 519, and, where appropriate, to initiate enforcement when the person obliged by the judgment has not met the obligation recognised in the judgment.

In view of the limitations presented by this system of extension of effects and the increase in litigation arising from the defects found in the areas of legal transactions in which prearranged clauses are used, the legislator has proposed the introduction of the model process as an instrument with which to reduce the number of litigious disputes. Civil proceedings are thus opened up to this form of litigation, and to the extension of the decision of the judgement that resolves the model process, with the aim of reducing the number of disputes in the field of mass contracting and of complementing the current system of extending the effects of judgements handed down under the protection of individual actions.

We will analyse the most controversial aspects of both figures in order to check whether the legislator's option will make it possible to achieve the levels of efficiency sought through the legislative proposal developed in the Draft Law on Procedural Efficiency Measures for the Public Justice Services.