La tutela judicial de los TRADE: un estudio de la atribución de la competencia a la jurisdicción social

Abstract

Una de las novedades más importantes de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo haconsistido en la regulación de la figura del denominado “trabajador autónomo económicamentedependiente”, lo que ha supuesto entre otros resultados la ampliación del ámbito competencial de lajurisdicción laboral, al atribuirle la resolución de conflictos que puedan plantearse entre estos traba-jadores autónomos y el empresario–cliente. Esto último va a permitir aplicar los principios procesalesinspiradores del proceso laboral a un grupo de trabajadores que, debido a su dependencia económicafrente al cliente, se encuentra en una manifiesta situación de desigualdad, exigiendo un nivel deprotección similar al que disfrutan los trabajadores asalariados; es decir, la gratuidad, brevedad ysencillez procedimental, frente al más lento y costoso proceso civil, que puede suponer un desincen-tivo importante a la hora de acceder a la tutela judicial, sobre todo, si tenemos en cuenta que, en múlti-ples ocasiones, la cuantía de los intereses económicos puede no compensar la complejidad de este tipode proceso. Además, la jurisdicción social es la única verdaderamente cualificada para delimitar lanaturaleza de la relación existente entre las partes, evitando el problema de los llamados “falsos autó-nomos”. Con todo, la mayor parte de las críticas a esta atribución se centran en la no correspondenciadel ordenamiento procesal con el derecho sustantivo, ya que no se puede olvidar que la jurisdicciónsocial habrá de enfrentarse a la resolución de unas cuestiones que revestirán índole civil, mercantil e,incluso, administrativa. Sin embargo, no hay que olvidar tampoco que la jurisdicción social conoce yha conocido de conflictos en los que se ha visto obligada a aplicar leyes no laborales.

The Autonomous Work Statute presents an innovative feature, which is the regulation of theso–called figure “autonomous worker economically independent” and implies the increase in itscompetences under labour jurisdiction. Also, the Statute permits the conflict–resolution processbetween autonomous employees and employers–client.This will allow implementing certain procedural law principles to a group of workers whoare economically dependent to the client –and who are in inferior situation– but will seek the samelevel of protection of those waged–workers. That is, the process can be free, short and easy in termsof its procedure, compared to a slower and costly civil process that may imply a barrier while tryingto access the judicial tutelage; or considering that in many cases the economic costs may not pay offthe complexity of such process. Moreover, the social jurisdiction defines the relation among parts,being the only one qualified to do so, and avoids the so called problem of “fake autonomous”.Yet, most critics are based on the fact that the procedural and substantive law are not corres-pondent taking into account their technical aspects. And we cannot forget that the social jurisdictionshall solve matters of civil, mercantile, and even administrative aspects. Still, we cannot forget thatsocial jurisdiction had faced and will continue facing conflicts in which other than labour law princi-ples have been applied