Tesis (Derecho Procesal)

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Medidas cautelares en la ciberdelincuencia: especial referencia a las medidas cautelares cibernéticas
(2024-11-15) García Sánchez, María Dolores; Martín Ríos, Pilar; Mancuso, Enrico María; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
El presente trabajo de investigación doctoral se ha centrado en el análisis de una institución que, en el ordenamiento jurídico español, y en el marco de las nuevas tecnologías, carece de una cobertura doctrinal y sistemática adecuada: las medidas cautelares. Se considera imperativa una reformulación y adaptación de estas medidas a la evolución tecnológica y social contemporánea, para abordar eficazmente los riesgos y amenazas emergentes, entre los que destaca la ciberdelincuencia. De esta forma, comenzamos cuestionando la concepción tradicional de las medidas cautelares, proponiendo su extensión a otras finalidades que, bajo nuestro punto de vista, también deberían ser calificadas como tal. Estas incluyen la protección de las víctimas y la prevención de la reiteración delictiva (prevención especial). En concreto, un abordaje integral del ciberdelito requiere un reexamen exhaustivo de las medidas cautelares que permitan responder a los nuevos desafíos y abordar este fenómeno criminal de manera efectiva, con especial atención a la conservación y aseguramiento de evidencias electrónicas, la prevención de la reiteración delictiva y la mitigación de los efectos adversos para las víctimas. Por ello, abogamos por un concepto expansivo y reintegrador de este tipo de medidas, capaz de asegurar la eficacia del proceso penal en un entorno digital en constante transformación, donde una actuación cautelar rápida y contundente resulta esencial para la lucha contra el ciberdelito. Las medidas cautelares penales han de ser repensadas en este contexto de las TICs y el ciberespacio y, precisamente por ello, estimamos que en los últimos años se ha ido abriendo camino la necesidad de contar con una nueva tipología de medida como consecuencia del traslado del fenómeno criminal al contexto online, donde los parámetros espacio-temporales se ven modificados. En concreto, en nuestro estudio, nos referimos a esta nueva categoría cautelar como "medidas cautelares cibernéticas” -tales como el bloqueo y retirada de contenidos, la interrupción del servicio (art. 13.2 LECrim) o la orden de conservación (art. 588 octies LECrim)-, si bien ha de ser ampliada con la introducción de nuevas medidas cautelares específicas para este contexto, como la orden de alejamiento virtual. Además, es fundamental que esta nueva tipología cautelar propuesta sea objeto de una revisión continua, de manera que el legislador español, conforme a la evolución tecnológica y delictiva, incluya en este catálogo aquellas que resulten pertinentes para alcanzar los objetivos cautelares y combatir eficazmente la ciberdelincuencia, que demanda una permanente revisión y adaptación al contexto virtual. Por último, cualquier esfuerzo nacional para enfrentar el ciberdelito será insuficiente si no se acompaña de una cooperación internacional reforzada entre los Estados. Esta cooperación debe ser capaz de evitar conflictos de leyes y dotar de agilidad y rapidez a los procedimientos, especialmente en lo relativo a la entrega y conservación de evidencias digitales. Solo la adaptación de nuestro ordenamiento a las exigencias de evolución tecnológica y delictiva, a través de una revisión de las instituciones tradicionales pensadas para el plano analógico, y el esfuerzo conjunto de los Estados, será capaz de frenar un fenómeno delictivo que crece de manera exponencial, y cuya incidencia y potencial lesivo desborda las fronteras nacionales.
El letrado de la Administración de justicia en el tribunal del jurado
(2023-05-26) Revilla Pérez, Luis; Martín Ostos, José; Pérez Marín, María de los Ángeles; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
I.- Introducción: con referencia a la necesidad de organizar sistemáticamente los preceptos de la Ley Orgánica 5/1.995, del Tribunal del Jurado, de 22 de Mayo, modificada por L.O. 8 y 10/ 1.995, (en lo sucesivo L.O.T.J.), de reformarla profundamente o en su práctica totalidad a fin de dar solución en la práctica a los múltiples problemas que su aplicación en la práctica plantea. II.- Una primera aproximación a las funciones del Letrado de la Administración de Justicia (en lo sucesivo L.A.J.) en España a la luz de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( en lo sucesivo L.O.P.J.) III.- Sistema de fuentes legales de aplicación: Constitución Española, L.O.P.J. y L.O.T.J. IV.- Intervención del L.A.J. en cuanto al examen de la competencia objetiva, funcional y territorial del Tribunal del Jurado. Situación actual y “de lege ferenda” V.- Intervención del L.A.J. en la Fase Gubernativa ante la Audiencia Provincial. 1. Sorteo bienal y actuaciones posteriores. 2. Responsabilidad en materia de Protección de datos VI.- Actuación del L.A.J. con carácter general en la Fase de Instrucción o investigación, ante el órgano instructor: 1. Cuestiones prejudiciales. 2. Cuestiones positivas y negativas de competencia. 3. Inhibitoria. 4. Recusación de Jueces y Magistrados. 5. Ofrecimiento de acciones penales y civiles al ofendido. 6. Resoluciones propias, aclaración y rectificación de resoluciones del L.A.J. 7. Intervención en actos de comunicación. 8. Términos judiciales. Recursos. 9. Instrucción sumarial. 10. Comprobación del delito y averiguación del delincuente (Inspección ocular, cuerpo del delito, destrucción y realización anticipada de los efectos judiciales, identidad del delincuente y de sus circunstancias personales, declaraciones de los procesados y de los testigos, informe pericial) 11. Medidas cautelares (detención, prisión provisional, intervención cautelar de permiso de conducción, fianza personal o real., orden de protección para las víctimas de violencia doméstica, medidas de protección de la víctima menor de edad o con la capacidad judicialmente modificada) 12. Medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Española (entrada y registro en lugar cerrado, registro de libros y papeles, detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica, interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos y destrucción de registros). 13. Responsabilidad civil de terceras personas 14. Conclusión del sumario VII.- Actuación del L.A.J. en la Fase de Instrucción o investigación específica del Procedimiento Especial ante el Tribunal del Jurado, ante el órgano instructor: 1. Incoación y eventual instrucción complementaria (Art. 24 L.O.T.J.) 2. Traslado de la imputación y comparecencia (Art. 25) 3. Decisión sobre continuación o sobreseimiento del procedimiento tras la comparecencia (Art. 26) 4. Diligencias de investigación (Art. 27) 5. Nuevo traslado a las partes para el trámite de calificación 6. Indicios de delito distinto (Art. 28) 7. Escrito de solicitud de juicio oral y calificación (Art. 29) 8. Resolución del Instructor tras los escritos de calificación 9. Audiencia preliminar (Art. 30) 10. Sobreseimiento o apertura del juicio oral (Arts. 32- 33). Práctica de alguna diligencia complementaria. Transformar el procedimiento en el cauce procedimental que corresponda. 11. Testimonios (Art. 34) 12. Emplazamiento de las partes ante el Tribunal de enjuiciamiento.(Art. 35) VIII.- Actuación del L.A.J. en la Fase de Enjuiciamiento específico del Procedimiento Especial ante el Tribunal del Jurado, previa al Plenario 1. Designación de Magistrado Presidente 2. Personación de las partes 3. Eventual planteamiento de cuestiones previas (Art. 36), contestación a las cuestiones previas planteadas, pronunciamiento acerca de recibimiento del incidente a prueba decisión sobre admisión y práctica de la prueba, señalamiento y celebración de vista, resolución 4. Auto de hechos justiciables 5. Sorteo para cada causa. Designación de candidatos (Artículo18).Citación de candidatos (Artículo 19). Devolución de cuestionario. Recusación (Artículo 21) IX.- Estatuto jurídico de los Jurados. 1. Requisitos para ser jurado 2. Causas de incapacidad para ser jurado 3. Incompatibilidad para ser jurado 4. Prohibición para ser jurado. 5. Excusas para actuar como jurado. 6. Señalamiento de la vista de excusas advertencia o recusación y citación (Artículo 22) Celebración y desarrollo de la vista de excusas. Resolución. Recursos. 7. Nuevo sorteo para completar la lista de candidatos designados para una causa (Artículo 23) X.- Constitución del Tribunal 1. Concurrencia de los integrantes del Tribunal del Jurado y recusación de candidatos a jurados (Artículo 38) 2. Forma de completar forma de completar el número de candidatos jurados y posibles sanciones (Artículo 39) 3. Selección de los jurados (Artículo 40) 4. Constitución del tribunal: juramento o promesa XI.- Juicio oral 1. Consideraciones previas a la celebración (aplicación supletoria de la L. E. Criminal, ubicación de acusado e intervinientes en la Sala, publicidad de las sesiones, carácter preferente del juicio oral ante el Tribunal del Jurado, asistencia obligatoria de acusado y abogado y suspensión por ausencia. 2. Celebración (Comienzo del juicio oral: lectura de escritos de calificación provisional, alegaciones previas de las partes al Jurado, práctica de la prueba y especialidades probatorias - artículo 46- 3. Suspensión 4. Conclusiones (Modificación de las conclusiones provisionales y conclusiones definitivas - art. 48), informes y derecho a la última palabra XII.- Resultados posibles: disolución anticipada del jurado 1. Falta de prueba de cargo (Artículo 49) 2. Conformidad de las partes (Artículo 50) 3. Desistimiento en la petición de condena. (Artículo 51) XIII.- Fase decisoria: 1. Objeto del veredicto (redacción por el Magistrado Presidente y audiencia a las partes -Artículo 53- ) e instrucciones a los jurados (instrucciones generales y particulares- Artículo 54) 2. Deliberación (Incomunicación del Jurado y ampliación de instrucciones y decisión del jurado (votación). Suspensión de ejecución e indulto. 3. Acta de la votación. Devolución (justificación, audiencia a las partes -art. 53.1 decisión-Art. 53.2- y explicación al Jurado de las causas que justifican la devolución y forma de subsanar los defectos, o puntos sobre los que deben pronunciarse -art. 64.1-). Documentación. 4. Disolución del jurado y nuevo juicio oral. Lectura del veredicto y cese del jurado en sus funciones 5. Veredicto de inculpabilidad (Artículo 67). Veredicto de culpabilidad. (Artículo 68). XIV Documentación de las sesiones XV.- Contenido de la sentencia: 1. Sentencia absolutoria 2. Sentencia condenatoria. XVI.- Notificación de la sentencia y recursos BIBLIOGRAFÍA
Vigilancia e investigación policial en el ciberespacio: aspectos procesales del ciberpatrullaje
(2022-11-29) Távora Serra, Manuel Jesús; Martín Ríos, Pilar; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
El objeto de la presente investigación doctoral es la actividad desarrollada en el medio virtual por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cumplimiento de sus funciones de prevención e investigación de las conductas delictivas, en los supuestos en que dicha actividad se verifica sin control jurisdiccional previo. La principal cuestión que hemos perseguido analizar es si, con ocasión del régimen jurídico vigente –en especial, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales–, es posible que, en el desarrollo y ejecución de dicha actividad los derechos fundamentales de quienes sean objeto de las mismas resultan afectados. De forma aledaña, también se analizan el régimen del deber de colaboración de terceros con las investigaciones y el de la cooperación policial internacional.
Los actos de comunicación procesal en el Derecho español
(2021-06-11) Michi Chaves, María del Carmen; Martín Ríos, Pilar; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
La tesis doctoral “Los actos de comunicación procesal en del Derecho español” contiene un profundo análisis de la normativa procesal que regula los actos de comunicación que se practican en el proceso español, tanto en el ámbito procesal civil, como en el penal, contencioso-administrativo y laboral. Asimismo, se estudia la doctrina y de la jurisprudencia que se ha desarrollado sobre los mismos. Se abordan diferentes aspectos de los actos de comunicación procesal como su concepto, sus clases, su naturaleza jurídica (especialmente, las consecuencias que ha provocado el traspaso de funciones del juez al letrado de la Administración de Justicia), su objeto, los sujetos que intervienen, el momento en el que se practican y en el que produce sus efectos, las distintas formas en que pueden realizarse, las consecuencias que genera en el procedimiento el incumplimiento de los presupuestos establecidos en la Ley para su ejecución y la comunicación que se realiza a través de medios electrónicos
Modelos de guarda y custodia compartida: análisis sustantivo y procesal a partir de la casuística jurisprudencial
(2021-05-07) Flores Martín, Jackeline; Capilla Roncero, Francisco; Pérez Marín, María de los Ángeles; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Civil y Derecho Internacional Privado; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
Este trabajo de investigación abarca las cuestiones de derecho sustantivo y los aspectos procesales de la figura de la guarda y custodia compartida en España. Analiza los criterios tenidos en cuenta por el Tribunal Supremo en la jurisprudencia de los últimos quince años, a fin de construir modelos de este régimen de guarda de los hijos menores tras la ruptura familiar de sus progenitores. La metodología utilizada consiste en el análisis de la casuística de los supuestos de hechos planteados en las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y sistematizar las diferentes cuestiones argumentadas. El objetivo es determinar los límites o esquemas de esta modalidad de guarda conjunta para que resulte de utilidad práctica para los operadores jurídicos del derecho de familia. El estudio se estructura en nueve capítulos. El primer capítulo contiene un breve apunte introductorio sobre cuestiones referentes a los rigores de los términos, la noción del régimen de guarda y la regulación legislativa de esta parte del derecho de familia. El segundo capítulo trata de los aspectos nominales y sustantivos que habremos de valorar para la construcción de los modelos de custodia compartida (pensión de alimentos, uso de la vivienda familiar, relaciones entre los padres, interés del menor, mantenimiento del status quo, arraigo social, violencia en el ámbito familiar y violencia de género). El tercer capítulo aborda la mención a la disciplina jurídica del Derecho Procesal (dictámenes del Ministerio Fiscal, informes de los equipos psicosociales, exploración de la voluntad de los menores). El cuarto capítulo analiza el argumento de la voluntad de las partes y el convenio regulador como manifestación consensuada de los padres en la regulación de la situación familiar. Igualmente se hace referencia a la institución de la mediación familiar. Seguidamente, el quinto capítulo afronta el estudio del factor de la edad de los hijos a la hora de establecer el modelo de guarda con ellos. El criterio relativo a los alimentos es un elemento esencial a la hora de construir el modelo a seguir, por lo que será examinado en el capítulo sexto. El séptimo capítulo recoge las cuestiones sobre el indispensable componente de la vivienda y las diferentes situaciones que se pueden encontrar en función de las modalidades de convivencia. En el capítulo octavo, se analizan las cuestiones relativas a las modalidades de alternancia, referidas a la vivienda, como lugar o espacio físico del domicilio, los períodos temporales y los regímenes de estancia y comunicaciones para con los menores. Finalmente, las consecuencias de la sucesión de medidas adoptadas por las autoridades sanitarias y gubernativas, como consecuencia de la grave pandemia sufrida por el COVID-19, hacen necesaria la inclusión de un capítulo expresamente dedicado a dichos aspectos. Con motivo del trasfondo de los cambios en la realidad social provocados por la pandemia, se conecta el procedimiento de familia sumario, creado «ex novo», con los acuerdos de compensación de tiempos no disfrutados aplicados a la modalidad de la guarda conjunta. Este trabajo acaba con la exposición de las conclusiones, obtenidas tras el análisis constructivo planteado, de una materia tan crucial en el ámbito del derecho de Familia y la realidad social que la envuelve.
La Orden Europea de Investigación
(2021-04-07) Laro González, María Elena; Moreno Catena, Víctor; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
La presente tesis doctoral tiene por objeto el análisis de la Directiva 2014/41/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril, y su transposición al ordenamiento jurídico español, a través de la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación. Este instrumento de reconocimiento mutuo supone un cambio importante en la obtención de la prueba transfronteriza. Nos centramos en el estudio del ámbito y contenido de la orden europea de investigación, así como en la fase de emisión y de ejecución. Especial atención prestamos al papel de las autoridades competentes, en particular al que asume el Ministerio Fiscal español en la fase de reconocimiento y ejecución de una orden. Del mismo modo, estudiamos las posibilidades de sustitución de una medida de investigación, así como la suspensión de la ejecución de la orden. También examinamos las causas de denegación y su incidencia en el principio de reconocimiento mutuo. Y por último, destacamos la importancia del sistema de recursos previsto en la Directiva y las distintas posibilidades en el Estado de emisión y de ejecución.
La nulidad en el proceso civil español
(1958-10) Morón Palomino, Manuel; Gutiérrez-Álviz y Armario, Faustino; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Penal y Ciencias Criminales
Nuevas orientaciones sobre la historia del juicio ejecutivo en España
(1975-05) Estepa Moriana, Vidal; Gutiérrez-Álviz y Armario, Faustino; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
La extensión de efectos en la jurisdicción contencioso-administrativa: (planteamiento y tratamiento procesal).
(2019-04-06) Domínguez Barragán, María Luisa; Martín Ostos, José; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
La personación procesal
(2017-09-27) Valdivieso García, María Yolanda; Martín Ostos, José; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
Nuestro ordenamiento jurídico reconoce una serie de derechos y obligaciones a los particulares a la vez que castiga una serie de conductas que de producirse conllevarían consecuencias jurídicas1. En la vida social estos derechos pueden verse vulnerados2 y como el Estado tiene prohibida la autodefensa3, y con ella el ejercicio arbitrario del derecho, es necesario reconocer a los ciudadanos la posibilidad de acceder a los juzgados y Tribunales para ejercitar los mismos acreditando ser titular de un derecho vulnerado. De este modo, el Estado asume el monopolio de la jurisdicción4 y determina qué conductas merecen una censura social, tipicándolas como delitos en el Código Penal5 para proteger la convivencia en la sociedad. Por otro lado, con el sistema acusatorio6 se sustrajo a los juzgados y Tribunales la función de acusar que junto a la de juzgar, tenían asignadas en el sistema inquisitivo, cumpliéndose las exigencias de petición de parte para proceder a dictar sentencia condenatoria.
Il contrasto alla criminalità transnazionale nell'Unione Europea: atti di indagine e regime di acquisizione probatoria.
(2018-03-23) Lai, Francesca; Cortesi, Maria Francesca; Tinoco Pastrana, Ángel; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
El imputado como objeto de prueba (intervenciones, registros e inspecciones corporales en el proceso penal argentino)
(2017-07-13) Quiroga Corti, María Paula; Martín Ostos, José; Pérez Marín, María de los Ángeles; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
En esta tarea de investigación, no puede dejar de puntualizarse, que el avance de la ciencia y de las tecnologías han ampliado enormemente la capacidad del Estado en la recolección de la prueba en el marco de un proceso penal, generando una notable modificación de las posibilidades de injerencia dentro de diversos ámbitos, tradicionalmente fuera del accionar de terceros. Y, en este avance, adquiere especial relevancia la información que puede obtenerse del cuerpo humano, tanto del imputado como de la víctima. Piénsese en las posibilidades que otorga la medicina forense aportando los medios para determinar la autoría en un hecho delictivo, la habitualidad en el consumo de sustancias prohibidas o la utilización del propio cuerpo para el transporte de las mismas, la existencia de maniobras abortivas ilícitas, la intoxicación de una persona en un momento determinado, llegándose incluso a obtener información para el proceso analizando la actividad cerebral de un sujeto a través de las neuroimágenes o resonador magnético cerebral.
La videoconferencia en las garantías del proceso penal
(2017-09-26) Baquero Martín, Araceli; Burgos Ladrón de Guevara, Juan; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
Análisis político criminal de los programas de rehabilitación para agresores de violencia de género
(2014-03-28) Sordi Stock, Bárbara; Mapelli Caffarena, Borja; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
La presente Tesis doctoral es una contribución jurídico-criminológica sobre los programas de rehabilitación para agresores de violencia de género. El trabajo se inserta en el marco del Plan de Actuación Sectorial de Género - Lucha contra la Violencia de Género - AECID/MAEC cuyo propósito es aprovechar la experiencia de las principales instituciones involucradas en la lucha contra la violencia de género existentes en España y trasladarla a países cooperantes, entre los cuales figura Brasil. El legislador brasileño, en una postura políticamente correcta, plasmó topográficamente los programas de rehabilitación en un espacio residual de un cuerpo normativo que se dice preocupado con la protección de las víctimas (Ley 11.340/06). Actitud, pues, que debe complementarse forzosamente con un análisis científico. La ley española (LO 1/2004) impone la obligatoriedad al hombre de participar en programas de rehabilitación en caso de suspensión o sustitución de la pena de prisión. A su vez, determina que la Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género. La reciente reforma del Código Penal (LO 5/2010) refuerza la confianza del sistema penal en estos programas al ser previstos como Trabajo en Beneficio de la Comunidad. Como consecuencia de este amplio escenario formal, en 2010 la Administración Penitencia ha puesto en marcha un programa marco a ser aplicado a los reclusos que están en los Centros Penitenciarios y a los hombres que están cumpliendo pena alternativa – el Programa Marco PRIA. Teniendo en cuenta esta realidad, el objetivo general de la presente Tesis es investigar los programas para agresores de violencia de género en España. Concretamente, el marco jurídico, el diseño, el desarrollo y los resultados de los programas como pena o medida alternativa a la de prisión y en ámbito cerrado. Para lograr los objetivos propuestos, el trabajo está estructurado en seis Capítulos. El último Capítulo, particularmente, aporta datos empíricos a partir de la opinión de 8 expertos en la materia. La pluralidad metodológica proporciona la producción de resultados más confiables sobre el objeto de estudio. Prioritariamente, la observación y análisis documental basada en la bibliografía existente de carácter criminológico y jurídico. Las estadísticas oficiales del gobierno de España son igualmente valiosas fuentes de información. Específicamente, en el Capítulo dedicado a la visión empírica la herramienta analítica utilizada es la entrevista en profundidad semi-estructurada con un grupo de expertos seleccionados a través de la técnica de bola de nieve. Las conclusiones consideran que las actitudes de un Estado en lo relativo a programas para agresores deben estar fundamentadas en la evidencia científica. Programas con resultados comprobados contribuirán a que se alcancen los fines asignados a la pena. En particular, la reducción de los niveles de reincidencia y el consecuente aumento de protección de las víctimas.
Jurisdicción de menores en Colombia
(2015-12-11) Cabrera Izquierdo, Lorena Elizabeth; Martín Ostos, José; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
Se considera de vital importancia profundizar en el estudio del menor y no precisamente de aquel insertado en la sociedad de forma armónica, sino de aquel que por causas y circunstancias diversas ha desarrollado infortunadas acciones que han merecido una sanción desde el punto de vista penal. Con este trabajo de investigación se pretende realizar una descripción analítica y crítica acerca de la Jurisdicción de menores en Colombia, constituye el resultado final del proceso investigador iniciado hace años en los cursos de docencia e investigación del programa de Doctorado del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Sevilla, bajo la dirección del Prof. Dr. José de los Santos Martín Ostos. Se distinguen en su desarrollo dos grandes partes: Aspectos Generales y el Procedimiento penal de menores en Colombia. La primera parte consta de cinco capítulos que nos permitirán describir las pautas generales de esta especial jurisdicción; y la segunda, el procedimiento aplicable en el sistema penal de menores. El capítulo primero, titulado Origen y evolución histórica, describe el origen y recorrido de esta jurisdicción, tomando como principal antecedente, Estados Unidos y Europa, para referirnos luego al devenir histórico de la legislación en Colombia. Presenta este capítulo cierto carácter político y se narran episodios precisos de la vida nacional, que permiten explicar el avance del derecho interno del país latinoamericano. El capítulo segundo se centra en la Legislación Vigente, entendiéndose por tal, tanto la normativa internacional como la nacional, destacándose en la primera: la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riadh y las Directrices para los menores privados de libertad; y en la nacional, la Ley 1098 de 2006, por cuanto crea por primera vez en Colombia el Sistema Especial de Responsabilidad Penal Juvenil aplicable a menores entre los 14 y 18 años de edad con principios, normas, procedimientos propios, y además, autoridades judiciales especializadas. El capítulo tercero versa sobre los principios orientadores o informadores de esta jurisdicción, señalándose que el supremo interés del menor, es uno de los más importantes, dado su determinante criterio orientador y la aceptación universal del mismo. En el capítulo cuarto se afronta el tema de la Jurisdicción y competencia, y es donde se empieza a notar más claramente las debilidades del sistema. Se analiza en principio las características generales de la jurisdicción y la competencia, precisando cuales son las singularidades de la jurisdicción especializada de menores. El capítulo quinto, último de esta primera sección se detiene en los Órganos y partes interviniente en el proceso penal que se adelante contra un menor infractor, con la inclusión del equipo técnico especializado y la Defensoría de Familia como actores diferenciadores de la jurisdicción de adultos. Se destaca el protagonismo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como Director General del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, del que forman parte la mayor parte de las entidades públicas del país. El capítulo sexto corresponde a la Instrucción, donde se describen las características de las diferentes etapas de esta fase: indagación, imputación y acusación, señalando con precisión las funciones del Fiscal, del equipo de Policía Judicial y del Juez de control de garantías. El capítulo séptimo, desarrolla la Fase intermedia del proceso penal de menores, considerándola una etapa muy importante dentro del procedimiento penal, por cuanto corresponde a la preparación de juicio oral y es una importante oportunidad procesal que tienen las partes para actuar dentro de la causa penal. En el capítulo octavo, denominado Juicio oral, se aborda el estudio de las fases del juicio: Alegación inicial, Presentación del caso, Debate probatorio, Alegaciones y la Decisión o sentido del fallo. Todas las etapas se desarrollan en el marco de los principios propios de esta jurisdicción. Dentro del capítulo noveno, nos referiremos al tema de Sentencia y Recursos, deteniéndonos en las características propias que debe contener una sentencia en la jurisdicción de menores. Igualmente se expone los recursos que proceden dentro de esta jurisdicción especializada, que garantiza el principio de la doble instancia, constitucionalmente reconocido. Los capítulos decimo y undécimo, desarrollan el importante tema de las medidas y su ejecución, señalando sus características, su clasificación y las autoridades encargadas de la ejecución de las mismas. Se hace un especial énfasis en la medida de privación de la libertad, desarrollando los temas referentes a los derechos y deberes de los menores que permanecen en los centros especializados. El capítulo duodécimo se titula Responsabilidad Civil, donde se explica el procedimiento del Incidente de Reparación Integral, entendido como el mecanismo que tiene la víctima para reclamar sus perjuicios civiles dentro del proceso penal, una vez se haya proferido sentencia definitiva en contra de un menor infractor. Finalmente, en el capítulo décimo tercero se considera de vital importancia el estudio del menor víctima. Se analiza el concepto de víctima y las formas de victimización, como también las especiales circunstancias del menor dentro del conflicto armado colombiano.
Las pruebas ilegales en el proceso penal de los Estados Unidos de América
(2001) Fidalgo Gallardo, Carlos; Gutiérrez-Alviz Conradi, Faustino; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
Las pruebas ilegales; la regla de exclusión; las prohibiciones probatorias Las diferencias de mentalidad, y los diversos puntos de vista desde los cuales se enfocan los tratamientos jurídicos de las mismas cuestiones de la realidad práctica en distintos países, hacen que bajo términos aparentemente análogos se escondan regímenes jurídicos singulares y en ningún caso equivalentes: instituciones con dinámicas propias de funcionamiento, determinadas por el caldo de cultivo en el que nacen y se desarrollan, que no pueden ser trasplantadas sin más de un lugar a otro sin una labor previa de reflexión y discernimiento.|
El sistema judicial penal en el "Common law" y el principio de oportunidad
(1999) Tinoco Pastrana, Ángel; Gutiérrez-Alviz Conradi, Faustino; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal

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