Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho

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El arbitraje como medio de resolución de conflictos
(2023) Acuña Merchán, Luis Manuel; Tinoco Pastrana, Ángel; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Procesal
El arbitraje se trata de uno de los principales sistemas adecuados de resolución de conflictos (en adelante, ADR). El uso de ellos, y principalmente del arbitraje, en la actualidad es fundamental con objeto de evitar el proceso judicial, así como de paliar el problema de la sobrecarga de la justicia. Iniciaremos nuestro análisis tratando de definir y de establecer la naturaleza jurídica de dicho proceso arbitral, tras ello, para centrarnos en la actualidad de este método, enmarcaremos el arbitraje haciendo uso de la Ley 60/20031, de arbitraje, (en adelante, LA), profundizando en diferentes materias, como los principios que inspiran el arbitraje, el desarrollo del proceso y las partes intervinientes en él. Los diferentes tipos de arbitrajes existentes, hace obligatorio que realicemos una clasificación, diferenciando así las variadas materias que se pueden someter al arbitraje. No menos importante en la actualidad, a causa de la internacionalización de las relaciones entre sujetos, será el análisis del reconocimiento de laudos arbitrales dictados en otros países, en España. Dicho análisis nos proporcionará un mayor acercamiento al uso de este medio hoy en día, así como una aclaración de los aspectos más relevantes existentes en torno al arbitraje. Finalmente analizaremos el proceso de desarrollo de los laudos arbitrales, a través de los cuales se resuelven los procesos arbitrales, así como la ejecución de estos. Todo este análisis se verá apoyado en las fuentes bibliográficas seleccionadas, así como en la legislación utilizada.
La fiscalidad en las smart cities: propuesta de aplicación práctica en la ciudad de Sevilla
(2023) Arenas Hernández, Ángela; Mories Jiménez, María Teresa; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Financiero y Tributario
En el siguiente trabajo se realiza un estudio sobre el concepto de Smart City o Ciudad Inteligente, se enuncian sus antecedentes históricos, las diferentes definiciones que se han elaborado y sus principales características. Nos centraremos en el papel de la fiscalidad como medio para facilitar la implementación de las Smart Cities, describiremos los diferentes instrumentos fiscales que permiten la consecución de los objetivos de una ciudad inteligente y analizaremos sus diferentes ámbitos de aplicación. Por último, atendiendo a las características de la ciudad de Sevilla, plantearemos una serie de propuestas fiscales de carácter local para ayudar a esta ciudad a convertirse en un modelo de Smart City.
El Estado Islámico: ¿Un verdadero estado? Estatalidad y responsabilidad desde el 2014 hasta la actualidad
(2019) Sánchez Naranjo, Ferrnando; Martín López, Miguel Ángel; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
La transparencia: análisis especial de la contratación pública
(2019) Montanero García, Alejandro; Barrero Rodríguez, Concepción; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Administrativo
La corrupción es uno de los problemas que preocupan más a la sociedad actual; siendo la contratación pública uno de los ámbitos donde más prolifera. Es por ello que en los últimos años ha sido necesario tomar medidas que garanticen su eliminación. Estas medidas han venido de la mano de un desarrollo legislativo que tiene como punto de partida en España la aprobación en 2013 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. En su desarrollo se han sucedido numerosas disposiciones autonómicas, hasta llegar a la aprobación en 2017 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. En este trabajo abordaré el camino legislativo seguido hasta llegar al punto donde hoy nos encontramos. En primer lugar, dando a conocer el régimen general de la Transparencia; con su doble vertiente: publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. En segundo lugar, las obligaciones de transparencia que, establecidas en la Ley de Transparencia estatal, las autonómicas y la propia Ley de Contratos del Sector Público, se imponen a las partes de los contratos. No obstante, estas obligaciones no pueden ser absolutas y deben tener en cuenta los límites establecidos en la ley, y la interpretación que de ellos hace la Doctrina Administrativa y la Jurisprudencia. Así mismo, analizaremos las funciones del órgano de control, el “Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”, así como su potestad (o la falta de ella) para sancionar ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas. Por último, presentaré un paquete de medidas que resultarían de gran utilidad para llegar al objetivo de cero corrupción.
Tratamiento fiscal en la valoración de los valores participativos
(2017-09) Valdés Gallardo, Juan Manuel; Pérez Royo, Ignacio; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Financiero y Tributario
El Tribunal Constitucional ante el fenómeno de la inmigración y el derecho de extranjería: especial referencia a las "devoluciones en caliente" en las líneas fronterizas de Ceuta y Melilla
(2015) Cartes Rodríguez, Juan Bautista; Martínez Sampere, Eva; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Constitucional
La fiscalía europea
(2015-12) Barros Losada, María Milagrosa; Llorente Sánchez-Arjona, Mercedes; Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho Penal y Procesal
Desde los inicios de la Comunidad Europea, se ha buscado la creación de un Espacio de unión económica, política y social para el mayor bienestar de todos los ciudadanos de la misma. Con este objetivo, y para garantizar principios europeos como la libre circulación de personas, mercancías servicios y capitales, surge el Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia. El desarrollo de este Espacio se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso de creación de la Unión Europea, empezando por la libertad con el Acuerdo de Schengen, continuando con la creación de organizaciones de colaboración policíaca como la Europol, para la seguridad, y finalmente con el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones en el Consejo de Tampere para el Espacio Justicia. En concreto, el perfeccionamiento del Espacio Justicia es el más costoso por su gran implicación en la soberanía nacional de cada Estado miembro, sobre todo en lo que respecta al ámbito del proceso penal. Para la consecución del mismo es esencial el principio adoptado por el Consejo de Tampere, que aunque supone un gran adelanto resulta insuficiente. La protección judicial de los Estados miembros necesitan de una coordinación y colaboración por parte de las autoridades judiciales que no puede conseguirse sin confianza plena en la justicia de cada uno de los Estados miembros. Para promover esa necesaria colaboración judicial, que unifique criterios y suponga una mejora en la imputación de la criminalidad transfronteriza así como el cumplimiento de su condena, surge la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea se diseña como un organismo supranacional e independiente, que dirige la investigación de crímenes en los que estén implicados más de un Estado miembro. La creación de esta Fiscalía supone un gran reto Europeo, que busca afianzar la confianza ciudadana en la justicia de la Unión. La Fiscalía se desarrolla en la Propuesta de Reglamento de la Comisión relativa a la creación de una Fiscalía Europea de julio de 2013. Esta Propuesta contiene detalladamente todos los aspectos de la misma. La fiscalía investigará e incoará procedimientos contra delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Será una acción a partir de las existentes estructuras de la Europol y con la colaboración de la OLAF, de manera que se consiga un trabajo completo y eficaz.

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