Gasto público y funcionamiento de la justicia en España entre 2004 y 2013. Especial referencia a la comunidad autónoma de Andalucía. Comparativa con otros países europeos

Abstract

Es un hecho comúnmente aceptado la importancia que tiene para una sociedad el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, que incide directamente en la economía. El sistema judicial español es calificado de ineficiente y tardío. Un gran sector social y profesional de la Justicia considera que la falta de medios es la causa que explica su mal funcionamiento, y reclaman, en consecuencia, mayor inversión. Pero ¿es esta una demanda corporativa o sectorial recurrente e interesada, o, ciertamente, como algunos dicen, la Justicia en España es la Cenicienta de la administración? Por ello, el objetivo perseguido ha sido analizar el funcionamiento de la Administración de Justicia en España en el periodo 2004-2013; señalar las razones que podrían explicar ese funcionamiento; precisar cómo han incidido en éste las reformas legislativas; y, especialmente, qué relación guarda el gasto realizado en la Administración de Justicia en España con ello, para poder determinar, de ese modo, si los problemas tienen origen económico por falta de inversión o no, y, en su caso, proponer soluciones adecuadas. Es evidente que no es fácil fijar criterios que midan el funcionamiento de la Justicia, pues, siendo una actividad donde prima la decisión humana e intervienen múltiples variables subjetivas, no es posible cuantificar su eficacia con criterios exclusivamente numéricos. Además, aunque una mayor disponibilidad económica facilita que se puedan obtener más y mejores medios, ello no garantiza necesariamente que se alcancen mejores resultados ya que es una mera probabilidad que depende esencialmente de una gestión eficiente de los recursos, sin olvidar que las disponibilidades presupuestarias de cualquier Estado no son ilimitadas y hay que optar entre las muchas necesidades sociales existentes. Se ha utilizado un método cuantitativo, analizando los datos facilitados por los organismos oficiales sobre el gasto de la Administración de Justicia, sus medios personales, su funcionamiento y las relaciones existentes entre esos parámetros. El análisis se centra en 4 niveles geográficos: España, CCAA, Andalucía y Europa.