El "auto del chorizo matemático" y la desconfianza del consumidor

Abstract

El artículo 51 de la Constitución española de 1978 exige de los poderes públicos la defensa de los consumidores y usuarios. En el año 1984 se publica la primera Ley que desarrolla dicho artículo 51. En este trabajo se realiza una reflexión sobre el efectivo alcance de esa defensa del consumidor y su plasmación en la realidad del tráfico económico. A tal fin, se define el concepto de consumidor en Derecho español y se dan ciertas pautas de la protección constitucional de los derechos y de los legítimos intereses económicos de los consumidores. Posteriormente, se procede a analizar el auto del 28 de enero de 1987 dictado por un Juzgado de Palma de Mallorca (“auto del chorizo matemático”), se recapacita sobre la verdadera trascendencia de la labor de los Jueces cuando realizan la función jurisdiccio- nal y su incidencia real en la tutela de los derechos e intereses de los consumidores. También se ha dedicado especial atención a una circunstancia que no se valora suficientemente: la desconfianza que debe presidir la libre decisión del consumidor, desconfianza que puede proporcionar una inicial, y tal vez definitiva, protección.

Article 51 of the Spanish Constitution of 1978 requires the public authorities to defend consumers and users. In 1984 the first Law was published that develops this article 51. In this work, a reflection is made on the effective scope of this consumer defense and its expression in the reality of economic traffic. To this end, the concept of consumer is defined in Spanish law and certain guidelines are given for the constitutional protection of the rights and legitimate economic interests of consumers. Subsequently, we proceed to analyze the court order of January 28, 1987 issued by a Court of Palma de Mallorca («mathematical row court order»), it is reconsidered about the true importance of the work of the Judges when they perform the jurisdictional function and its real impact on the protection of the rights and interests of consumers. Special attention has also been devoted to a circumstance that is not sufficiently valued: the distrust that must preside over the free decision of the consumer, distrust that can provide an initial, and perhaps definitive, protection.