El derecho a la desconexión en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales

Abstract

La reciente aprobación de la Ley orgánica de protección de datos personales supone el reconocimiento legal del derecho a la desconexión digital de los trabajadores y funcionarios públicos, cuestión que ha venido formando parte del debate jurídico-laboral reciente, dada la universalización del uso de dispositivos tecnológicos, y su posible invasión del derecho al descanso, la vida privada o sus efectos nocivos para la salud. La norma plantea un nuevo escenario para la reflexión que ha de iniciarse por la propia ubicación de un derecho que, en su caso, reclamaría un tratamiento en un contexto de necesaria reforma de la gestión flexible del tiempo de trabajo, más respetuoso con los intereses de los trabajadores. La redacción legal, deudora de la aprobada en Francia, da un papel central a la negociación colectiva, que debe ser la encargada de definir «las modalidades de ejercicio» del derecho y, por tanto, medidas concretas, directamente exigibles, para lograr la efectividad de este derecho básico. Por su parte, y esta es una de las fallas de la regulación comentada, sería conveniente su engarce con la política preventiva y sus instrumentos. Serán los agentes sociales los encargados de dotar de contenido al derecho y sentar las bases para la política interna que deba desarrollar la empresa, con pocas exigencias legales. Estas cuestiones ocuparán nuestra atención partiendo de una escasa experiencia negociadora donde se echa en falta una adecuada ubicación sis-temática, un abordaje integral de la cuestión tecnológica, medidas e instrumentos concretos, y un rol más activo para el trabajador.

The recent approval of the organic Law on personal data protection implies the legal recogni-tion of the right to digital disconnection of workers and public officials, an issue that has been part of the recent legal-labour debate, given the widespread use of technological devices, and its possible intrusion of the right to rest, private life or its harmful effects on health. The regulation sets out a new scenario for reflection that must begin with the very location of a right that, in its case, would demand treatment in a context of necessary reform of the flex-ible management of working time, more respectful of workers’ interests. The legal wording, indebted to that approved in France, gives a central role to collective negotiation, which must be in charge of defining «the modalities of exercise» of the right and, therefore, concrete measures, directly enforceable, to achieve the effectiveness of this basic right. However, and this is one of the failures of the aforementioned regulation, it would be advisable to link it with the preventive policy and its instruments. It will be the social agents in charge of giving content to the right, and laying the foundations for the internal policy to be developed by the company, with few legal requirements. These issues will occupy our attention on the basis of a scarce experience in negotiating where there is a lack of an adequate systematic location, an integral approach to the technological question, concrete measures and instruments, and a more active role for the worker.