La participación de las asociaciones de víctimas como parte acusadora en el proceso penal y el nuevo Estatuto de la víctima del delito, por el que se transpone la directiva 2012/29/UE

Abstract

El nuevo Estatuto de la víctima del delito, por el que se transpone la Directiva 2012/29/UE, codifica los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas. Respeta y supera las normas mínimas de la Directiva e introduce importantes novedades, con medidas específicas en los delitos con pluralidad de afectados y de efecto catastrófico. Además el Estatuto reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo relevantes las innovaciones en la acusación particular, al contemplarse expresamente a las asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que la Ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas. Por otro lado, se reconoce un amplio derecho de participación de las víctimas no personadas, que les permitiría realizar importantes e inéditos actos procesales durante el proceso de ejecución. Por ello es necesario adoptar las cautelas necesarias, para que estas innovaciones no desnaturalicen el monopolio estatal del ius puniendi y los propios fines de la pena.

The new Crime victim Statute, who transposes the Directive 2012/29/EU, codifies the procedural and extra-procedural rights of victims. It respects and exceeds the minimum standards of the Directive and introduces important innovations, with specific measures in the crimes a plurality of affected and of catastrophic effect. Besides the Statute reform the Act of Criminal Procedure, being relevant the innovations in the private prosecution, on having been contemplated expressly to the victims’ associations and the legal persons those that the Law recognizes standing to defend the rights of victims. On the other hand, the Statute recognizes the broad right of participation to victims who are not private prosecutors, that would allow them to realize important and hitherto unknown procedural acts during the judgment execution. This is why cautions are necessary, that these innovations not to be able to disrupt the State monopoly on the exercise of the ius puniendi and the purposes of the penalty.