Republicanismo. Conceptos políticos y experiencias históricas (presentación del Dossier)

Abstract

El republicanismo vuelve a tener el viento a favor. Desde la década de los sesenta, esta tradición política está en boca de pensadores y académicos políticos en el debate sobre ideas tan sustanciales como la libertad, la igualdad, el patriotismo o la virtud cívica, al tiempo que la reflexión y la proyección de estos conceptos políticos se enmarca en una estimulante propuesta de regeneración y promoción de la ciudadanía. El núcleo de la teoría política republicana es su interpretación de la libertad como no-dominación, lo cual supone la absoluta necesidad de desterrar cualquier estatuto humano que preserva alguna forma de servidumbre, esto es, la pervivencia de la condición de súbdito: un ser que vive atemorizado y a merced de otro. Quien permanece en semejante posición subjetiva es un ser moralmente degradado, en tanto su condición dependiente le obliga a la lisonja y la complacencia hacia el superior. El marco político republicano, por el contrario, protege de esta situación de inseguridad y fragilidad, garantizando un estatus de libertad que impide cualquier interferencia arbitraria en nuestra existencia. Y esta protección y garantía provienen de la ley y del conjunto del sistema institucional, que asegura a cada uno un ámbito de acción inviolable. Aunque, para el republicanismo, la libertad humana no se circunscribe a los individuos aislados, sino que se piensa en presencia de otros como construcción artificiosa, resultado del orden político y expresada por la ley. Así, más allá de la naturalidad del sujeto presocial, el republicanismo reivindica al ciudadano, entendido éste como reconocido titular de derechos y deberes iguales para todos los integrantes plenos de la comunidad y ejercidos en condiciones de reciprocidad. La igualdad republicana se expresa en concreto como garantía igual para todos de no interferencia arbitraria por parte de los demás; lo cual significa que el reconocimiento pleno de la calidad de ciudadano obliga a que todos dispongan del mismo ámbito de libertad y de la misma garantía jurídica de no-interferencia.