Las entidades aseguradoras y la canalización del ahorro en España (1908-1940)

Abstract

Hasta la aprobación de la primera ley de Seguros Privados en España, el 14 de mayo de 1908, las compañías de seguro que operaban en España disponían de una amplia libertad en el establecimiento y destino de sus reservas que dependían, en gran parte, de las indicaciones establecidas en los propios estatutos de constitución de las compañías. A finales del siglo XIX se había incorporado una normativa escasa que se limitaba a la obligación del pago de algunos impuestos, el depósito de garantía exigido por el Artículo 32 de la ley de Presupuestos de 5 de agosto de 1893 y del Artículo 43 de la Ley de Presupuesto de 30 de junio de 18952 o por el Real Decreto del Ministerio de la Gobernación de 27 de agosto de 1900, o el establecimiento de normativa cuando se creó el ramo de accidentes de trabajo en 1900. Esta libertad respecto a las reservas iba acompañada del bajo porcentaje de desembolso del capital social suscrito. Estos dos elementos, junto con el carácter especulativo3 con que se dirigió durante el XIX la inversión de las escasas reservas en las compañías, explicarían la corta supervivencia de las compañías de seguro en esta etapa. La Ley de 1908 intentó paliar estas deficiencias estableciendo un estricto control sobre las compañías aseguradoras para garantizar los derechos de los asegurados. Esta normativa suponía que las compañías autorizadas estarían, a partir de estos momentos, sujetas a una serie de obligaciones respecto a la administración y a los propios asegurados.