Balance de las reformas de Seguridad Social de la legislatura 2004-2008

Abstract

Las reformas acometidas a lo largo de la presente legislatura en materia de Seguridad Social se han afrontado con un elevado grado de consenso, tanto desde el contraste con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, como desde la coincidencia con los grupos políticos de mayor relevancia parlamentaria. A ello se ha unido un escenario general de crecimiento económico, que ha facilitado unas reformas de adaptación de nuestro sistema de Seguridad Social a las cambiantes circunstancias sociales y de empleo. Sobre una hoja de ruta marcada desde hace ya bastante tiempo en torno al Pacto de Toledo de 1995 y sus desarrollos sucesivos, a los largo de los últimos años se han podido acometer medidas de envergadura, que han podido pasar bastante inadvertidas a resultas de la ausencia de confrontación de posiciones en esta materia. A pesar de ello, las medidas adoptadas no han sido meramente técnicas ni de mera corrección de un modelo. La consolidación de nuestro modelo de Seguridad Social, sobre unas premisas bien asentadas, ha resultado plenamente compatible con reformas relevantes en la práctica totalidad de las prestaciones integradas en la acción protectora del sistema público. El hecho de que las medidas se hayan adoptado por medio de una pluralidad de Leyes y Reglamentos sucesivos ha podido dar una idea de menor alcance de lo actuado y de menor entidad de los cambios verificados, cuando una visión de conjunto permite advertir la mayor significación de este período en materia de Seguridad Social. El presente estudio, más allá del análisis de los contenidos concretos de las referidas reformas, procede a efectuar una valoración de las principales líneas de tendencia que se proyectan, a la luz de lo actuado respecto de lo comprometido en el ámbito político y social: centralidad de las prestaciones económicas, asentamiento de la dualidad prestaciones contributivas y asistenciales, entrecruzamiento de técnicas jurídicas y políticas públicas, respuesta al proceso de continuado envejecimiento de la población española, atención a las nuevas realidades sociales y familiares, puesta en marcha de la reestructuración del sistema hacia la concentración en dos grandes regímenes, general y de autónomos