La conformidad en el proceso penal. (Análisis comparado de las legislaciones española y colombiana)

Abstract

La aceptación de responsabilidad penal dentro del proceso penal es una de las figuras procesales que más importancia y protagonismo ha venido adquiriendo en los últimos tiempos. No obstante que la conformidad existe en el ordenamiento español desde hace más de 150 años, la potenciación de ésta como una forma de disposición de la pretensión penal comienza con la reforma hecha a la LECrim en el año 1988 por medio de la Ley Orgánica 7, de 28 de diciembre. En el caso colombiano, esta es una institución procesal que data de finales de la década de los años ochenta del siglo pasado. A pesar de su corta andadura, se ha convertido en el eje sobre el que se asienta la última reforma procesal penal llevada a cabo en dicho ordenamiento por medio de la Ley 906/2004. La evolución en las últimas décadas de las legislaciones procesales penales, tanto en España como en Colombia, evidencia unas características que señalan una clara apuesta por la opción del proceso penal truncado. En efecto, el concepto del debido proceso según la tradición jurídica continental europea -del cual los ordenamientos hispanoamericanos son tributarios- regido por principios garantistas acordes con la noción de Estado de Derecho, va cediendo terreno ante el paso avasallante de las tendencias jurídicas que anteponen el factor económico a los principios jurídicos. Esta similitud, evidenciada a priori, fue la que motivó la realización de una investigación desde la perspectiva del Derecho comparado de los ordenamientos español y colombiano. Asumir un modelo de proceso penal con vigencia de la discrecionalidad para acusar, en el cual se combinen los criterios de oportunidad con la obligación de perseguir penalmente las conductas delictivas, es una opción política que no se amolda fácilmente a los postulados de los textos constitucionales vigentes en España y Colombia. En este último caso, ello requirió de una reforma constitucional que modificó la parte orgánica de la Constitución pero que no tocó su parte dogmática, dejando latentes posibles antinomias frente a la legislación procesal penal ordinaria. Con todo, nuestra propuesta teórica apunta a señalar que la discrecionalidad en el ejercicio de la acción y la posibilidad de disposición de la pretensión penal es posible, siempre y cuando se entienda que la oportunidad es un principio que sirve para modular al de legalidad. A esos efectos, también se hace necesario justificar la institución de la conformidad negociada como un acto de disposición de la pretensión penal encuadrable dentro del principio de oportunidad. Para el desarrollo de la hipótesis planteada, el trabajo presenta un contenido dividido dos partes las cuales contienen en total ocho capítulos, cuatro cada una. Inicialmente, a manera de referente teórico para el análisis del Derecho positivo vigente, se hacen unas consideraciones sobre el proceso penal en el marco de un Estado social de Derecho, dejando en claro que la configuración de éste debe obedecer a las líneas de política criminal válidas dentro de esa forma de organización política. En todo caso, se hace énfasis en que, más allá de la denominación formal, un verdadero proceso acusatorio debe respetar unas líneas principialísticas que reivindiquen la separación de las funciones procesales, el derecho de defensa, la participación de las víctimas y a la acusación como núcleo de toda la actuación. Nuestra propuesta está enmarcada por una concepción de la política criminal orientada a las consecuencias jurídicas, de donde se infiere que las finalidades que se le asignan a la pena se convierten en las bases de la configuración y funcionamiento de todo el sistema penal. En armonía con lo anterior, en el capítulo segundo se presenta una exposición de las teorías de la pena asumidas de lege data por los ordenamientos español y colombiano. En este apartado se da noticia de la relación de dichas teorías con el principio de oportunidad y de cómo éstas han de verificarse de una manera práctica, dentro de un proceso penal, de modo tal que se posibilite la disposición de la acción y la pretensión penales. Teniendo en cuenta el enfoque funcionalista con el cual se desarrolla este trabajo, resulta por demás evidente la importancia de acudir a las diversas justificaciones de la pena de cara a un juicio sistemático sobre la conformidad. El Ministerio Fiscal también tiene un peso específico dentro de toda la problemática abordada, considerando que éste órgano es quien debe decidir sobre el ejercicio de la acción penal. En el caso español, el debate sobre el Fiscal y sus funciones dentro del proceso penal cobra mucha más relevancia porque en este ordenamiento no sólo existe el Juez de instrucción como órgano investigador, sino una pluralidad de sujetos legitimados legalmente para actuar como acusadores. El planteamiento acerca de la naturaleza del principio de oportunidad y la toma de posición en relación con éste se presentan en el capítulo cuarto, uno de los más extensos del trabajo. En el acápite mencionado se realiza una breve aproximación histórica para conocer algunos antecedentes remotos del principio; allí también se expone la significación etimológica del término oportunidad para demostrar que su inclusión dentro del proceso penal debe estar modulada por los postulados del Estado de social de Derecho, evitando de esta forma que lo oportuno jurídicamente se convierta en oportunismo político. Del mismo modo, se hace una descripción y análisis de los argumentos a favor y en contra que se dirigen sobre los criterios de oportunidad por la doctrina española y colombiana. También se demuestra allí cómo puede ser considerada, de una manera válida, la conformidad como una manifestación del principio de oportunidad a la luz de las teorías de la pena prohijadas por los ordenamientos jurídicos estudiados. En el capítulo quinto, ya dentro de la segunda parte del trabajo, se realiza una aproximación histórica a la conformidad, tanto en España como en Colombia, haciendo seguidamente una exposición en paralelo de sus formas de aplicación dentro de las diversas clases de procesos penales existentes en aquellos ordenamientos. También se ponen de presente los argumentos a favor y en contra de la conformidad en el proceso penal como institución procesal individualizada, para luego analizar su naturaleza jurídica de acuerdo a las particularidades de su regulación en los sistemas procesales que se estudian.

En los dos capítulos siguientes, el sexto y el séptimo, se elabora de manera detallada la descripción y el análisis de las formas de conformidad existentes en España y Colombia, respectivamente. Además, ya que dentro de los ordenamientos de estos países se presentan otras formas de disposición de la acción y la pretensión penales, en el capítulo octavo se quiso dar cuenta de ello exponiendo de manera sintética aquellos comportamientos post-delictivos positivos que generan las consecuencias anotadas. Finalmente, como es de rigor en una Tesis doctoral, se ofrecen unas conclusiones fruto de la investigación desarrollada. El tipo de estudio elaborado parte de un enfoque prevalentemente dogmático sobre las normas penales y procesales penales de los ordenamientos español y colombiano, sin dejar de lado las demás fuentes reseñadas en el capítulo primero, entre las cuales cabe destacar la jurisprudencia emanada de los tribunales constitucionales; a todo ello se añadió pronunciamientos del Tribunal Supremo y de la Corte Suprema de Justicia. Esta visión ha sido complementada por referencias normativas y doctrinales de otros ordenamientos, lo cual amplía el panorama analítico sobre el objeto de estudio. En ese sentido, se resalta el estudio de la doctrina norteamericana e italiana al respecto. Si, como se sostiene en esta Tesis, la conformidad -tal cual hoy se viene aplicando en España y Colombia- tiene una marcada impronta norteamericana, era necesario acudir a las aportaciones doctrinales que desde esa latitud se han elaborado sobre esa institución procesal y otras semejantes. También se acude, aunque en menor medida, a las aportaciones de la doctrina italiana buscando aprovechar los conocimientos adquiridos allí luego de la inclusión de estas formas de terminación anticipada del proceso penal en el año 1988.