El futuro órgano instructor común: una propuesta para la organización de la fiscalía europea y para el control de su actividad

Abstract

La política penal para la protección de los intereses financieros comunitarios, iniciada por la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea, y la producción normativa en dicho ámbito, ha permitido que algunos sectores hablen de la existencia de un Derecho penal económico europeo. Por otro lado, se desprende de la redacción de los artículos 86 y 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que el legislador tiene la intención de crear, al menos, una fase procesal supranacional para la investigación de los delitos que afecte a los intereses financieros de la Unión, que formará parte de un proceso penal en el que también intervendrán los órganos judiciales competentes de los Estados miembros con objeto de combatir estas actividades ilícitas. De este modo, el artículo 86 prevé la posibilidad de crear una Fiscalía Europea que ocupará un lugar central en este nuevo proceso penal. Entre las competencias de la Fiscalía se incluye la investigación de los delitos de fraude y demás actividades ilícitas que afecten, directa o indirectamente, a los intereses financieros de la Unión, descubrir a los autores y cómplices de estas actividades ilegales y solicitar la apertura del juicio oral ante los órganos jurisdiccionales nacionales. A partir de estas líneas iniciales esbozadas en el Tratado de Funcionamiento, será necesario establecer las normas aplicables a la Fiscalía Europea y al desempeño de sus funciones y especificar su organización interna.

Criminal policy for the protection of the financial interests, initiated by the European Economic Community, now the European Union, and the production of rules in this area, has allowed some sectors speak about the existence of a European Economic Criminal Law. Furthermore, it follows from the contents of articles 86 and 325 of the Treaty on the Functioning of the European Union that the legislator intends to create, at least, a supranational procedural stage for investigating offences against the Union 's financial interest, that will be part of a criminal process in which will also be involved the competent courts of the Member States in order to combat these ilegal activities. In this way, the article 86 provide for the possibility of creating a European Public Prosecutor 's Office (EPPO) that will occupy a central place in this new criminal proceeding. The EPPO powers include the investigation of frauds and any other illegal activities affecting, directly or indirectly, the financial interests of the Union, prosecuting and bringing to judgrnent in the competent courts ofthe Member States the perpetrators of, and accomplices in, of these offences. From these inicial fines, outlined in the Treaty on the Functioning, will be necessary to set the rules applicable to the European Public Prosecutor 's Office and to the performance of its functions and to specifi its internal organization.